Después de 8 meses de un intenso trabajo de diagnóstico, finalmente el denominado Consejo para la Reforma Penitenciaria impulsado por el gobierno el pasado 16 de junio, hizo entrega de sus primeras conclusiones en la materia, proponiendo- entre otros- la racionalización en el uso de la privación de libertad a través del fortalecimiento de medidas cautelares y controles como el uso del monitoreo electrónico, la creación de un servicio de reinserción social y fiscalización de la ejecución de la pena.