Justicia más Cerca de la Gente

La justicia es fundamental para la sociedad de oportunidades, seguridades y valores que promovemos para Chile. Hace algunos años se terminó de implementar en todo Chile la Reforma Procesal Penal, que sin duda ha sido un aporte para el mejoramiento de la justicia, pero que no se ha ganado aún la confianza de los ciudadanos debido a que el problema de la delincuencia sigue sin solución.

Además, en los últimos años no se ha avanzado lo suficiente en otras áreas que requieren reformas urgentes. Así, por ejemplo, la institucionalidad de las Corporaciones de Asistencia Judicial no cumple adecuadamente su rol de facilitar en igualdad de condiciones el acceso a la justicia de los sectores más desvalidos. Persiste también en la población una imagen crítica de los servicios prestados por el Poder Judicial, los que se consideran lentos e ineficientes. Ello se ha agravado por recientes reformas legales, como las de los Tribunales de Familia y Laborales, que han sido mal diseñadas e implementadas. Asimismo, un conjunto de modificaciones que concitan un amplio apoyo desde todos los sectores, como la reforma a la Justicia Civil y Vecinal, no han tenido por parte del Gobierno la prioridad que su importancia amerita.

Finalmente, es lamentable constatar que los gobiernos de la Concertación han minimizado la relevancia que para la sociedad tiene la justicia. Otorgarle prioridad al fortalecimiento y modernización del Poder Judicial no debe ser visto como un sacrificio de recursos públicos eventualmente destinables a otras áreas consideradas como prioritarias (salud, vivienda, educación, trabajo, etc.), pues la justicia es un mecanismo que fortalece cada una de ellas. La justicia es el medio a través del cual se materializa el ejercicio de los derechos de las personas en los más diversos ámbitos e incide directamente en la igualdad de oportunidades.

Nuestro propósito es cambiar esta apreciación, y por ello el objetivo de este programa es generar una justicia eficiente y de acceso igualitario, factor clave para convertir a Chile en una sociedad de oportunidades, seguridades y valores.

Nuestros compromisos y políticas se expresan en los siguientes seis ejes.

• En primer lugar, perfeccionaremos el sistema de defensoría y asesoría jurídica para las personas de menores ingresos. Se entregará un «Bono de Asistencia Jurídica», en régimen de gratuidad o copago, para que las personas de menores recursos puedan contratar servicios legales libremente. Esta medida permitirá profesionalizar y mejorar la calidad de la defensa jurídica de las personas, ya que serán abogados y no recién egresados quienes prestarán servicios legales a quienes no tienen recursos.
  
• El segundo eje es la creación de Tribunales Vecinales para facilitar el acceso a la justicia. Para lograrlo, estableceremos gradualmente en la mayoría de las comunas del país estos tribunales. Su objeto será prestar servicios de mediación y resolución de conflictos en materias tales como arrendamiento y comodato precario, copropiedad inmobiliaria, cobranzas de deudas de menor cuantía y conflictos que se susciten entre vecinos, y que no sean de competencia de otros tribunales. Adicionalmente, los tribunales tendrán la facultad de decretar medidas de amparo o protección en casos urgentes, especialmente tratándose de violencia intrafamiliar, en cuanto resguardo provisional, mientras la materia pasa a ser conocida por los tribunales de fondo competentes. Esta propuesta implica acercar territorialmente la justicia a los sectores de menores recursos, quienes podrán acceder a una solución real, efectiva y rápida, lo que permitirá mejorar la convivencia dentro de la comuna y entre los vecinos.
  
• El tercer eje de nuestra reforma es la desjudicialización de la cobranza. Para ello se establecerá un procedimiento administrativo, limitando la posibilidad de oposición por parte del deudor en caso que exista un documento fehaciente que compruebe la deuda y el no pago. Se incluirán tecnologías modernas en el procedimiento de cobro de deudas, incluido un sistema de notificaciones vía email y un registro de deudores en la web. En la eventualidad de que exista oposición legítima por parte del deudor, el procedimiento se someterá a las normas de un proceso civil con resolución judicial. Esta propuesta permitirá disminuir el costo que significa para el Estado que el juez realice labores administrativas.
  
• En cuarto lugar, impulsaremos una reforma a la justicia civil para que ésta, que representa cerca del 60% del trabajo judicial, sea capaz de responder a los desafíos del siglo XXI siendo más oportuna y eficaz en el cumplimiento de su trascendental rol.
  
• El quinto eje consiste en facilitar y simplificar los trámites de protocolizaciones, escrituras públicas e inscripciones. Para eso modernizaremos el sistema notarial y registral del país, disminuyendo los tiempos de atención y crearemos una base de datos unificada a nivel nacional, que permitirá acceder a los registros de las notarias y conservadores vía internet. Además, implementaremos un sistema de folio real que permitirá inscribir las propiedades por la individualización de ésta y no por los datos del propietario. Ello reducirá los costos asociados a los estudios de título de las propiedades. También perfeccionaremos los sistemas de selección, priorizando la transparencia y calidad de los servicios prestados.
  
• Por último, fortaleceremos el Poder Judicial, por medio de la implementación de una seria de reformas y mejoras destinadas a perfeccionar su eficiencia, formación, independencia y autonomía.