1. IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA JUSTICIA PENAL ADOLESCENTE

• Se pondrá en marcha la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que establece un sistema de justicia especializado para los jóvenes infractores de ley, con procedimientos orales, transparentes y rápidos, cuyo principal énfasis está en la rehabilitación. En paralelo, se fortalecerán los programas de tratamiento para estos adolescentes de manera de propender a la reinserción social y a un cambio de conducta.

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2. IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA JUSTICIA LABORAL

• Se pondrá en marcha la nueva justicia laboral que busca asegurar el efectivo resguardo de los derechos de los trabajadores, mejorando la cobertura y la calidad del servicio judicial a otorgar. A partir del 1 de marzo de 2007 se contará con un nuevo procedimiento: oral, público, concentrado e inmediato y se duplicará el número de magistrados dedicados a estas materias, los que se suman a los juzgados de Cobranza Laboral y Previsional ya en funciones.

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3. REHABILITACIÓN Y NUEVO SISTEMA PENITENCIARIO

• Implementaremos en su totalidad el Programa de Concesiones en Infraestructura Penitenciaria, que contempla 10 penales concesionados. Ello permitirá mejorar progresiva y globalmente el estándar penitenciario, en especial en los recintos no concesionados.
• El sistema penitenciario debe ser eficiente y transformarse en un elemento que contribuya a prevenir la delincuencia. Será prioritario reforzar y avanzar en una política de apoyo a la reinserción social de los privados de libertad en la que serán claves la educación, la capacitación y el acceso al trabajo.
• Fortaleceremos la alianza público-privada en esta materia, fomentando la instalación de empresas en los recintos penitenciarios y estableciendo incentivos para aquellas que contraten a personas que hayan cumplido sentencia y se hayan rehabilitado.
• Se impulsará una nueva ley de medidas alternativas a la privación de libertad.

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4. INFANCIA Y ADOLESCENCIA

• Contaremos con una nueva institucionalidad de infancia y adolescencia. Para ello la nueva ley de Protección de Derechos de la Infancia, que sustituye la actual Ley de Menores, establecerá -entre otros aspectos- nuevos procedimientos y competencias del Servicio Nacional de Infancia y Adolescencia, sucesor del Servicio Nacional de Menores, así como de los tribunales de justicia frente a situaciones de vulneración de derechos del niño, niña o adolescente.
• Generar redes a nivel local que puedan coordinar oportunamente la información que proviene de la policía, del Servicio Nacional de Menores y de los municipios. El objetivo es identificar y solucionar tempranamente los casos de niños y niñas en situación de abandono o desprotección.
• Se realizará seguimiento y evaluación a todas las nuevas líneas de intervención del Programa de Subvenciones del Servicio Nacional de Menores de manera de hacer más eficiente la oferta de las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia -OPD-, para niños de y en la calle, explotación sexual, comercio sexual infantil y reparación, entre otras.
• Redacción y presentación del proyecto que adecua la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Menores a la nueva realidad y la nueva institucionalidad de infancia.

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5. JUSTICIA MÁS EXPEDITA Y GOBIERNO JUDICIAL

• Crearemos una nueva Corte de Apelaciones en Santiago especializada en lo penal. Este proyecto, actualmente en tramitación parlamentaria, pretende dar una respuesta eficiente y oportuna a los asuntos que llegan a segunda instancia. Para ello, se dividirá el actual tribunal de alzada en dos Cortes, una dedicada exclusivamente a materias penales que contará con 19 magistrados, y otra en lo civil con 22 integrantes, que conocerá de las restantes materias.
• Avanzaremos conjuntamente con el Poder Judicial en iniciativas que mejoren el funcionamiento del gobierno judicial y la modernización del sistema de administración de justicia.

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6. JUSTICIA MILITAR

• Se modificará el Código de Justicia Militar. Resulta necesario establecer las competencias de los tribunales militares traspasando a la justicia civil materias que en la actualidad se encuentran en ese ámbito, ello en concordancia a la moderna doctrina y la propia organización de nuestros institutos armados; adecuando sus procedimientos a los avances de la justicia en materia procesal penal.

7. ELABORACIÓN DE UN NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

• Se iniciará el proceso de reforma del procedimiento civil. Queremos una justicia civil más expedita, oportuna, comprensible y dinámica. La oralidad, la inmediación, la transparencia y la eficiencia, hoy atributos del nuevo sistema procesal penal, deben ser incorporados al nuevo procedimiento. El objetivo es lograr en los próximos años la efectiva especialización de la primera instancia.

8. NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL SIGLO XXI

• Se llevará adelante la reforma a la ley penal sustantiva redactando un nuevo Código Penal para el siglo XXI. El actual data de 1874.
• Se introducirán profundos cambios en materias de delitos y sus sanciones, considerando especialmente la inclusión de nuevos ilícitos en áreas como tecnología, economía y medioambiente. El objetivo es dotar a los jueces de un mayor abanico de tipos penales coincidentes con las nuevas conductas que se han generado para su comisión, haciendo especial énfasis en criterios de proporcionalidad y armonía.

9. LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS

• Se iniciarán los estudios para la redacción de un anteproyecto de ley que regule la ejecución de las penas y establezca un sistema eficaz de control administrativo y judicial de su ejecución. El anteproyecto debe establecer los principios y reglas de la ejecución de penas, medidas de seguridad y medidas cautelares personales que signifiquen privación o restricción de libertad.

10. JUSTICIA DE FAMILIA

• Se requiere mejorar y consolidar los cambios en la nueva justicia de Familia. Introduciremos los ajustes necesarios para que ésta entregue respuestas más rápidas, simplificando los procedimientos, estableciendo la obligatoriedad de la derivación a mediación en ciertas materias y aumentando el número de jueces.
  
• Aseguraremos, en todo el territorio nacional, una adecuada oferta de mediadores en las diversas jurisdicciones de los tribunales con competencia en asuntos de familia, garantizando el acceso de la ciudadanía a soluciones pacíficas para sus conflictos.

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11. REFORMA PROCESAL PENAL

• La Reforma Procesal Penal ha significado para los chilenos y chilenas una justicia más rápida y transparente. Será nuestra tarea el consolidar y monitorear el nuevo sistema para hacerlo aún más eficiente.
• En esta área se buscará mejorar los mecanismos de control de gestión de los actores del sistema como la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública.

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12. JUSTICIA VECINAL

• Se darán los primeros pasos para diseñar un nuevo sistema de Justicia Vecinal o Local, centrado en la solución de conflictos de connotación ciudadana y vecinal. La justicia local adolece hoy de varios defectos: dependencia mixta; falta de claridad en sus competencias y sobre demanda. Oralidad, inmediación, concentración y el acceso a soluciones pacíficas de los conflictos parecen ser naturales cauces en los que se debe avanzar.

13. MEJOR CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL SECTOR JUSTICIA

• En materia de asistencia jurídica, se impulsará una ley que establezca una nueva institucionalidad para el sistema de acceso a la justicia, que provea de un servicio jurídico y social de calidad a la población de escasos recursos y, por primera vez, a la clase media.
• Se fortalecerá la Red Nacional de Acceso a la Justicia, conformada por instituciones públicas y privadas que trabajan en ese ámbito, a través de la promoción y fortalecimiento de microrredes en las diferentes áreas temáticas abordadas por la red, con el objeto de mejorar la calidad de los servicios y optimizar los recursos públicos y privados que se destinan al acceso a la justicia.
• Se llevará adelante un programa de mejoramiento de la infraestructura del Servicio de Registro Civil e Identificación; se diversificarán las formas de atención a público para mantener la calidad del servicio prestado y aumentaremos la cobertura de las atenciones en terreno para solicitudes de cédulas de identidad, en especial en zonas apartadas y grupos vulnerables.
• Se iniciará el funcionamiento del Sistema Nacional de Registro de ADN, que permitirá contar con una avanzada herramienta de persecución criminal.
• El Servicio Médico Legal pondrá en marcha el Centro Referencial Sur, en Concepción, y el Centro Referencial Norte, en Iquique, para descentralizar la realización de pericias y mejorar los tiempos de respuesta. Continuaremos con el proceso de normalización y homologación de la calidad de las pericias que se realizan en los laboratorios regionales.
• Se impulsarán modificaciones a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Quiebras. El objetivo es hacer más transparente el sistema de administración privada de quiebras y fortalecer las atribuciones de la Superintendencia de Quiebras.

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14. OTRAS REFORMAS

• Incorporar la resolución alternativa de conflictos como política pública en materia de justicia.
• Se promoverá el uso de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación, la negociación y el arbitraje.
• Se trabajará en el desarrollo de una política pública en la materia, que busque la progresiva desjudicialización de los conflictos, descongestionando los tribunales y ampliando el acceso a la justicia.
• Estos mecanismos han sido incorporados a leyes recientes como la nueva Ley de Matrimonio Civil, nuevos juzgados de Familia, la Reforma Procesal Penal y el proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil.